¡¿Acaso no es suficiente?! El Congreso de Guatemala ha aprobado recientemente una ley que atenta contra los derechos humanos de la sociedad guatemalteca, ya que los legisladores han incrementado las penas de prisión para las mujeres que abortan, en contraposición a una tendencia reciente en América Latina que favorece la legalización del aborto.
Aunque algunos de los países más grandes de América Latina, como México, Argentina y Colombia, han facilitado el acceso al aborto en los últimos dos años, aún existen naciones donde las tendencias religiosas conservadoras siguen prevaleciendo.
La criminalización del aborto se volverá más estricta
El pasado martes por la noche, durante el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Guatemala aprobó una ley que establece que las guatemaltecas condenadas por interrumpir sus embarazos podrían enfrentar penas de hasta diez años, cuando antes el máximo era de tres.
Además, el Congreso impuso sanciones aún más severas para médicos y otros individuos que ayuden a las mujeres a interrumpir sus embarazos. Actualmente, los abortos son legales únicamente si la vida de la madre está en riesgo.
A pesar de que la ley fue aprobada con 101 votos a favor y ocho en contra, necesita la ratificación del presidente Alejandro Giammattei para entrar en vigor; no obstante, el futuro parece incierto, ya que los legisladores de su partido votaron a favor de la misma.
Los legisladores defendieron su apoyo a esta ley, argumentando que es necesaria porque “grupos minoritarios de la sociedad proponen pensamientos y prácticas que no son coherentes con la moral cristiana”.
Sin embargo, quienes se opusieron a esta nueva legislación la consideran una grave violación a los derechos humanos, especialmente de las mujeres que viven en áreas rurales sin acceso a infraestructura sanitaria adecuada.
Un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos
Jordan Rodas, fiscal de derechos humanos en Guatemala, ha declarado que esta ley representa un retroceso en el país al limitar los derechos de las mujeres en un momento donde a nivel global se están ampliando.
Es importante mencionar que Colombia amplió el acceso al aborto el mes pasado, cuando la Corte Constitucional votó a favor de legalizar el procedimiento hasta la semana 24 de embarazo. Antes de esta decisión, Colombia solo permitía abortos en caso de peligro para la vida de la mujer, malformaciones en el feto o embarazos resultantes de violación.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el aborto no es un delito y que castigar a una mujer por abortar es inconstitucional. Además, en enero del año pasado, Argentina implementó una ley que permite el aborto electivo hasta la semana 14 de embarazo y más allá en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer.
Vulnera y da un revés a los derechos de la comunidad LGBT
Para colmo, la nueva legislación de Guatemala también prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, que anteriormente era legal. Asimismo, se prohíbe a las escuelas enseñar cualquier contenido que pueda “desviar la identidad de un niño de acuerdo a su género de nacimiento”.
Cristian González, investigador del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, afirmó que esta legislación es peligrosa y constituye una amenaza a los derechos tanto de las mujeres como de la comunidad LGBT+ en el país.
La sociedad guatemalteca, así como ciudadanos de todo el mundo, han expresado su rechazo hacia esta nueva legislación que representa un abuso a los derechos humanos al estigmatizar a las personas y fomentar la discriminación, además de la criminalización injusta de las mujeres. ¿Y tú, qué opinas?
