En México, la problemática de los feminicidios se ha vuelto una realidad cotidiana, por lo que la lucha por justicia para todas las víctimas se mantiene vigente y parece más fuerte que nunca. Recientemente, se ha dado a conocer un posible gran avance en esta batalla.
El 23 de marzo, con un total de 470 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Ingrid. Esta reforma establece penas de 4 a 10 años de prisión y multas que van de 100 a 150 días de valor UMA para toda persona, ya sea servidor público o ciudadano, que difunda imágenes, videos o cualquier información relacionada con un procedimiento penal.
Las sanciones se incrementarán en un 33 por ciento si la información compartida involucra a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Esta reforma fue impulsada por la sociedad civil y lleva el nombre de “Ingrid” en memoria de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja en 2020. El caso y las imágenes de su cuerpo fueron ampliamente difundidas en redes sociales en febrero de ese año, lo que motivó esfuerzos para evitar la “revictimización” de las personas, en especial de mujeres y sus familias.
El caso de Ingrid causó tal indignación debido a su morbo y a la promoción de la violencia en la sociedad que en octubre de 2021, las diputadas Laura Imelda Pérez de Morena y Ana María Balderas del PAN comenzaron a impulsar esta reforma.
Es fundamental marcar un antes y un después en el tema de los feminicidios y que se tipifiquen y castiguen estas conductas que buscan causar daño, especialmente contra las mujeres víctimas de feminicidio.
– Laura Imelda Pérez Segura
Aunque la Ley Ingrid ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, ahora debe ser discutida y validada por el Senado de la República. Sin embargo, representa un gran paso para sancionar a quienes filtren información sobre las víctimas, práctica recurrente entre policías y funcionarios públicos.
Después de más de dos años del asesinato de Ingrid Escamilla, su caso aun no ha avanzado a la etapa de juicio contra su asesino, debido a retrasos provocados por la pandemia.
Es importante señalar que se descubrió que seis agentes de la Fiscalía Local fueron responsables de filtrar las imágenes del cuerpo de Ingrid, y se procesó a uno de ellos por ser de los primeros en llegar a la escena del crimen. Este agente fue retirado de su cargo y acusado por ejercicio ilegal del servicio público, con una posible pena de hasta tres años de cárcel.
Esperamos que la reforma sea avalada pronto, con el objetivo de prevenir que más historias como la de Ingrid se repitan, y que su memoria sea honrada de manera digna.
